El divorcio entre Daddy Yankee y Mireddys González ha generado importantes cambios tanto en su vida familiar como en sus negocios.

El cantante tomó la decisión de destituir a Mireddys de su cargo como presidenta de las empresas El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc., otorgándole el control a su hija mayor, Yamilette Ayala.

Esta reestructuración empresarial marca una nueva etapa en la administración de los negocios familiares, con Daddy Yankee asumiendo por primera vez la presidencia de ambas corporaciones.

El conflicto legal entre la pareja se centra en una acusación contra Mireddys y su cuñada por presuntas transferencias irregulares de 100 millones de dólares desde cuentas corporativas a personales.

Según el cantante, estas acciones se realizaron sin su autorización, mientras que la defensa de Mireddys asegura que ella tenía pleno derecho a manejar los fondos.

Actualmente, una ley de mordaza impide a Mireddys dar declaraciones completas, aunque su abogada sostiene que aclararán la situación cuando sea el momento adecuado.

En el aspecto familiar, el proceso de separación ha causado una notable división entre los hijos de la pareja.

Jesaaelys, la hija menor, ha mostrado públicamente su apoyo a su madre, mientras que Yamilette y Jeremy han respaldado a su padre.

Esto ha puesto en evidencia las tensiones familiares que han surgido a raíz de los problemas legales y emocionales que enfrenta la familia.

Un aspecto relevante de esta disputa es la nueva relación profesional y personal entre Daddy Yankee y Yamilette, quien no es hija biológica de Mireddys.

La confianza del reguetonero en su primogénita ha fortalecido sus lazos en un momento clave, consolidando su relación mientras enfrentan juntos la administración de las empresas y las complicaciones legales.

El proceso de divorcio también está marcado por la ausencia de un acuerdo prenupcial, lo que, según las leyes de Puerto Rico, podría resultar en una división equitativa de los bienes del matrimonio.

FORTUNA VALORADA DE DADDY

Con una fortuna estimada en 300 millones de dólares, las disputas económicas podrían prolongarse, complicando aún más el panorama para ambas partes.